Ante la grave crisis de seguridad pública, que se ve reflejada no solo en los titulares de las notas del del día a día, sino que se sustenta con los datos que posicionaron al 2018 como el año más violento de la historia contemporánea de México, únicamente superados por el primer trimestre del 2019 que compite arduamente por convertirse en un año más violento. Surge importantes interrogantes que nuestro país se ha planteado durante varias décadas ¿qué hacer al respecto? ¿Quién debe de hacerlo? ¿Cómo debe de hacerlo? y quizás la más escalofriante de todas las interrogantes: ¿es justificable limitar o violentar derechos humanos en pro de esta tan deseada “seguridad”?