Este artículo hace referencia a las entidades dedicadas a captar recursos para ahorro de los ciudadanos, sin que tengan la debida aprobación de las autoridades correspondientes, lo que es considerado un delito, además de que se ponen en riesgo los recursos y créditos de la población que hacen uso de ellos. El autor considera que las autoridades deben de impulsar la creación de estas entidades, así como su consolidación.