El denominador común en diversos ordenamientos constitucionales, con respecto a la legitimación para el ejercicio de la acción o recurso de inconstitucionalidad es que ésta es sumamente restringida y cada uno de ellos otorga legitimación a diferentes sujetos y órganos del Estado, pero siempre de manera limitada, en este artículo se analizan la doctrina, la jurisprudencia y la legislación mexicana y española, proponiendo a manera de conclusión las reformas constitucionales y legales necesarias en ambas naciones.