Se estima de trascendencia jurídica y económica la formulación de diversas consideraciones en el campo del Derecho respecto del Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación entre México, por una parte, y la Comunidad Europea y sus Estados Miembros, por otra parte. Existe el objetivo de establecer diversas precisiones, entre ellas, que a dicho Acuerdo no se le concedió la jerarquía reservada a los tratados internacionales, que la motivación expresada involucró cuestiones políticas y derechos humanos, lo que interfiere cuestiones internas de nuestro país, con afectación del principio de “no intervención”. Al negociarse y celebrarse el Acuerdo, nuestro país hizo caso omiso de su desventajosa situación asimétrica y, además, se dejaron de observar disposiciones constitucionales mexicanas.