El Ministro José Ramón Cossío Díaz votó en contra por estimar que el estudio del asunto debió de hacerse no con base situaciones puramente formales, como qué normas rigen a cada tipo de servidor público o cuál es la naturaleza de su relación con el Estado, sino basándose en la situación material de dichos servidores, es decir, estudiando si existen condiciones materiales que justifiquen la diferenciación jurídica de los miembros de las fuerzas armadas respecto del resto de los servidores públicos federales. En opinión de dicho Ministro, la resolución no estudió la materia impugnada porque no hizo un estudio de la igualdad o desigualdad material en el trato a militares.