Abstract
Desde que se solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ejerciera la facultad de investigación prevista por el artículo 97 constitucional, una vez realizada la profunda investigación que se presenta a consideración del Pleno la Comisión designada para ese efecto, se consideró que estaba acreditado que en efecto hubo violación grave de garantías en contra de la periodista Lydia Cacho, realizada por autoridades del Estado de Puebla, las cuales actuaron en forma concertada. Para lo cual el autor se apoya en las consideraciones que se exponen en el texto.