REVISTA DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD LA SALLE AÑO 5 / NÚM 8 - AGOSTO - DICIEMBRE - 2025De la seguridad al autoritarismo: La desafiante evoluciónLa multilateralidad de la seguridad en Méxicode la militarización en México 1Directorio Editorial Dirección editorial Mtra. María del Carmen Cobos Goya Producción editorial Mtra. Alejandra Verónica González Anaya Cuidado editorial Dr. Ruben Alfonso Peña Carmona Mtro. Alejandro Martínez Serrano Diseño Editorial Mtro. Gabriel M. García Reynoso Mtra. Nora Alicia Espino Amor Asesoría Académica de Diseño Editorial Mtra. Nora Alicia Espino Amor Mtra. Georgina Partida Bueno Mtro. Ignacio Rodríguez Sánchez Mtro. Francisco Javier Echavarría Meneses Fotografía Guillermina Galindo Marcelo José Israel Valdez Martínez Mario Roberto Jurado Morales Juan Carlos Ortíz Pérez Imagénes generadas con IA Talento de Diseño Gráfico Digital de FAMADYC Valeria Lorena Torres Cortés Yohanan Naomi Zúñiga Jiménez Ingrid Itzel Rosas Cabello Juan Carlos Duarte Briseño Estudiantes de Diseño Gráfico Digital Revista El Ágora, año 5, núm.8, agosto a diciembre de 2025, es una publicación digital semestral editada por la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle. De las opiniones sustentadas en esta Revista responden exclusivamente sus autores. El hecho de su publicación no implica de ninguna manera que la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle o esta Revista compartan o hagan suyos sus contenidos. Benjamín Franklin No. 45 Col. Condesa. C. P. 06140. Alcaldía. Cuauhtémoc, Ciudad de México. 800 LA SALLE (5272553), +(52) 55 5278 9500 lasalle.mxInstDirtuci ecitonalorio Rectoría Mtro. Nestor Anaya Marín Vicerrectoría Académica Mtra. Ana Marcela Castellanos Guzmán Vicerrectoría de Bienestar y Formación Lic. Pedro Álvarez Arenas Vicerrectoría de Investigación Dr. Eduardo Gómez Ramírez Director de Administración Mtro. Alejandro Torres González Director de Capital Humano Mtro. José Ramón Barreiro Iglesias Directora de la Facultad de Derecho Dra. María Solange Maqueo Ramírez Secretario Académico Mtro. Rafael Ricardo Soler Suástegui Coordinador Administrativo Lic. Víctor Manuel Muñoz Cervantes Jefe de la Carrera de Derecho Mtro. Jesús Rogelio Alcántara Méndez Jefe de la Carrera de Relaciones Internacionales Dr. Ruben Alfonso Peña Carmona Jefe de Posgrado y Doctorado Dr. Oscar Javier Apaez Pineda Maestra de Tiempo Completo de Posgrado y Administradora del Despacho Probono Mtra. María del Carmen Cobos Goya Maestro de Tiempo Completo de Derecho Lic. Ramón Loza González Maestro de Tiempo Completo de RR.II. Mtro. Alejandro Martínez Serrano Maestras de Tiempo Completo Dra. Anabel Ortega Muñoz Dra. Victoria Alva LugoÍndice Carta editorial De corazones lasallistas De la seguridad al autoritarismo:  La desafiante evolución de la militarización en MéxicoPág. 6 Pág. 10La importancia del derecho de petición  a partir de la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011 Y su futuro ante la reforma constitucional al Poder Judicial de la Federeación 2024Pág. 14La extinción de la carrera judicial Una desmesurada afectación a la base trabajadora del poder judicialPág. 18Nueva legislación en materia de  protección de datos personales en  posesión de particulares ¿Notable avance o evidente retroceso?Pág 20La multilateralidad de la seguridad en México Del Asia-Pacífico al Indo-Pacífico: Cambio de paradigma regional ¿Bienestar animal o bienestarismo? CIVE Proyecto institucional destacado  #VaPorAcapulco Redes sociales Semblanzas ArticulistasPág. 25 Pág. 29 Pág. 34 Pág. 36 Pág. 37 Pág. 62Héctor Carreón Perea DerechoPág. 41Diego Gordillo Relaciones internacionalesPág. 53César Enrique Olmedo Piña Derecho Hector Segovia-Tavera Cota    DerechoPág. 44 Pág. 45Hania De los Santos y  Relaciones Internacionales Jason Martínez JuradoPág. 54 Pág. 56Diana Michell Tacuba Cadena PosgradoPág. 47Mario Mejía KarglPág. 57Paulina Velásquez Pérez Relaciones internacionalesPág. 48Hans Pacheco Arreola DerechoPág. 58Marlene Zamarripa Ruíz Relaciones internacionalesPág. 50Carlos Emilio Vázquez DerechoPág. 60Analucia Jijón Relaciones internacionalesDerechoCarta editorial De corazones lasallistasa publicación de esta nueva edición de la Revista “El Ágora” de la Fa-cultad de Derecho representa un hito significativo en nuestra trayectoria aca-démica, al inaugurar una etapa marcada por la consolidación de la colaboración interinstitucional. Para esta pieza he-mos trabajado de manera estrecha con la Facultad Mexicana de Diseño y Co-municación, cuyo aporte ha sido funda-mental para reforzar la identidad visual, pedagógica y comunicativa de la revis-ta, permitiéndonos integrar de manera efectiva forma y contenido en un pro- ducto editorial de alta calidad. La revista universitaria trasciende la simple difusión de conocimientos; constituye un espacio de diálogo aca-démico, reflexión crítica y construcción colectiva. Para que este objetivo se cumpla, es indispensable que los con-tenidos jurídicos e internacionalistas se presenten de manera estructuraday atractiva, facilitando la comprensión y el análisis por parte de nuestra comu-nidad académica. En este contexto, la colaboración con FAMADYC se ha mos-trado como un recurso estratégico al aportar soluciones creativas y técnicas que optimizan la experiencia de lectura y fortalecen la comunicación de nues-tras ideas. La reciente reestructura del comité edi-torial ha sido un proceso de reflexión y renovación, orientado a consolidar un equipo más plural, interdisciplinario y preparado para afrontar los desafíos que plantea la edición académica con-temporánea. Esta reconfiguración ha permitido redefinir roles, responsabili-dades y objetivos, asegurando que cada miembro del comité contribuya de ma-nera efectiva al logro de nuestra misión editorial siempre con el compromiso que representa el formar parte de esta gran familia lasallista.El papel de la Facultad de Derecho continúa siendo central, aportando contenidos ri-gurosos que incluyen artículos de investigación, análisis doctrinales, ensayos críticos y reseñas especializadas tanto de derecho como de relaciones internacionales. Sin em-bargo, comprendemos que el valor de una publicación académica no reside únicamen-te en la solidez de sus textos, sino también en la manera en que estos se presentan y se articulan visualmente. La contribución del diseño, por tanto, no es meramente estéti-ca; es funcional y estratégica, asegurando que la lectura sea clara, coherente y atracti-va. Esta integración de saberes permite alcanzar un equilibrio entre contenido y forma, fortaleciendo la calidad global de la publicación y evidenciando que el conocimiento se enriquece cuando se construye de manera colaborativa, constituyendo un espacio de aprendizaje para los estudiantes, quienes se benefician de la interacción con otras dis-ciplinas. Los alumnos Derecho y RRII desarrollan habilidades para comunicar sus ideas con mayor claridad y eficacia, mientras que los estudiantes de Diseño aplican sus cono-cimientos en proyectos reales, generando experiencias de aprendizaje significativo que trascienden el aula. En este sentido, la revista se convierte en un laboratorio académico vivo, donde se articulan teoría, práctica y creatividad. Finalmente, deseo expresar mi reconocimiento a todas las personas que han hecho posible esta transición: docentes, estudiantes y alumni de la Facultad de Derecho por su compromiso y rigor académico; docentes y estudiantes de la Facultad Mexicana de Dise-ño, Arquitectura y Comunicación por su creati-vidad y dedicación; y a todo el comité editorial, cuya labor colectiva garantiza que esta revista cumpla con los más altos estándares de calidad. Invitamos a nuestros lectores a recorrer esta edi-ción con la certeza de que cada texto y cada dise-ño son resultado de un esfuerzo interinstitucional comprometido con la excelencia académica. Que esta publicación sea un testimonio del valor de la colaboración, de la interdisciplinariedad y de la con-vicción de que el conocimiento se construye mejor cuandosecomparteyseenriquececolectivamente. Directora Editorial01DerechoDe la seguridad al autoritarismo: La desafiante evolución de la militarización en México POR CARLOS EMILIO VÁZQUEZ PÉREZ“Si aceptamos que solo el ejecutivo o las fuerzas armadas defienden la seguridad del Estado estamos al borde de la dictadura, del rompimiento con el orden constitucional democrático” - Jaime Cárdenas Graciaa militarización de un Estado le otorga a las Fuerzas Armadas la facultad de inter-venir en asuntos de seguridad pública y civi-les, lo cual, resulta peligroso y preocupante, ya que, si bien, la participación de las Fuerzas Ar-madas en el combate contra el crimen organi-zado es crucial, los militares no cuentan con un enfoque de Seguridad Ciudadana adecua-do para tratar con civiles debido a que no son instruidos con una profesionalización policial. La militarización del Estado Mexicano es una realidad que a lo largo de los últimos años ha tomado relevancia debido a las consecuencias que ha traído consigo, como lo es la presenciacada vez mayor de las Fuerzas Armadas en ta-reas de Seguridad Pública y de los recurrentes casos de vulneración a los Derechos Humanos por parte de éstas. Cabe mencionar que la militarización del país tiene su origen en diciembre de 2006 cuan-do el entonces presidente en turno Felipe de Jesús Calderón Hinojosa dio a conocer su es-trategia para combatir al crimen organizado sacando al ejército a las calles, declarando la guerra contra el narcotráfico, estrategia la cual no dio los resultados esperados debido a que se improvisó sobre la marcha costando miles de vidas.Posterior a este sexenio, el presidente Enrique Peña Nieto decidió dar continuidad a la estrategia imple-mentada, dejando a las Fuerzas Armadas en las calles y nombrando oficiales militares en puestos de Segu-ridad Pública, permitiendo que el ejército interviniera en asuntos que les eran ajenos y desconocidos, au-nado a ello, durante su mandato se promulgó la Ley de Seguridad Interior, misma que favorecía el espio-naje permitiendo al gobierno obtener información de la ciudadanía por medio de cualquier medio digital y tecnológico. Esta Ley sería un parteaguas para que las Fuerzas Armadas actuaran de manera arbitraria en nombre de la Seguridad Interior del Estado Mexi-cano, poniendo en riesgo no solo la protección de los Derechos Humanos, sino también la confianza de la ciudadanía en las instituciones de seguridad. En este sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación den-tro de las Acciones de Inconstitucionalidad 6/2018 y sus acumuladas 8/2018, 20/2018 y 11/2018 declararon la inconstitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior, en donde, además, se reiteró la relevancia y necesi-dad del Estado Mexicano de adherirse a los princi-pios de progresividad y no regresión de los Derechos Humanos. Por otra parte, se resolvió que la intervención de las Fuerzas Armadas en tareas de Seguridad Pública debe de ser de manera excepcional, temporal y subordi-nada al control civil, esto con el fin de hacer valer el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de manera efectiva, toda vez que en dicho artículo se reservan las tareas de Seguridad Pública a Instituciones Civiles.s de gran relevancia destacar que, durante el sexenio de An-drés Manuel López Obrador, se llevó a cabo la creación de la Guardia Nacional, institución la cual, sería de carácter civil con el fin de atender la Seguridad Pública y Ciudadana, a diferencia de las Fuerzas Armadas las cuales son encargadas de velar por la Se-guridad Nacional. Sin embargo, actualmente la mayoría del per-sonal de Guardia Nacional son de extracción militar permitiendo así, ver la continuidad que se le ha dado a la militarización de sexenios anteriores al Estado Mexicano a pesar de que una de sus promesas de campaña fue regresar al ejército a sus cuarteles. Es evidente, que se busca seguir militarizando el país como principal estrategia de seguridad, sin embargo, está comprobado que la participación de las Fuerzas Armadas no ha mejorado la de seguridad del país, por el contrario, el despliegue de estas, ha incrementado el número de víctimas relacionadas con el crimen or-ganizado, así como el número de casos de violaciones a Derechos Humanos. El Estado mexicano actualmente cuenta con un desa-fío que es no solo garantizar la seguridad de sus ciu-dadanos, sino también de que se brinde en un marco de respeto absoluto a los Derechos Humanos. Cada estrategia, política y acción en el ámbito de la segu-ridad debe ser evaluada por su eficacia para reducir la criminalidad, así como también por su capacidad para fortalecer los principios democráticos y los Derechos Humanos.La seguridad y los Derechos Humanos no son obje-tivos excluyentes; por el contrario, son complemen-tarios. Un enfoque de seguridad que respeta los Derechos Humanos no solo es más justo, sino tam-bién más efectivo a largo plazo. Fomentar la confian-za entre la ciudadanía y las instituciones del Estado, crea un entorno más cooperativo para la prevención del delito y asegura que las libertades fundamenta-les sean la piedra angular de una sociedad pacífica y ordenada. El cambio de estrategia de seguridad del Estado Mexi-cano debe estar enfocado al fortalecimiento de las instituciones de Seguridad, con una correcta capaci-tación y profesionalización policial para poder aten-der la Seguridad Pública y Ciudadana. Lo anterior, ante la evidencia de que las Fuerzas Armadas no están de-bidamente capacitadas para interactuar con civiles ya que no se debe de perder de vista que el ejército mexicano está entrenado para vencer a un enemigo en situaciones de combate más no para intervenir en funciones propias de instituciones policiacas. El camino hacia una seguridad duradera y respetuosa en México es un camino de empatía, justicia y respeto a la dignidad humana. Un camino que reconoce que cada ciudadano merece vivir sin miedo, con la certe-za de que sus derechos serán protegidos y su voz es-cuchada. En este esfuerzo, cada mexicano tiene un papel que desempeñar: desde el legislador hasta el ciudadano común, desde el juez hasta el policía. Jun-tos, pueden construir un México más seguro, más jus-to y humano, un país donde la seguridad no sea una amenaza para la libertad, sino su más firme garante.La importancia del Derecho de Petición a partir de la Reforma Constitucional en materia de derechos humanos de 2011 y su futuro ante la reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación 2024. POR MARIO MEJÍA KARGLn la clase de amparo de la licenciatura en Derecho se analiza qué es la acción, cuáles son sus elementos y se realiza se realiza un es-tudio particular de la acción de amparo, pero ninguna materia de derecho analiza de manera directa y con profundidad la principal de las ac-ciones, es decir, el género del cual se despren-den todas las especies de acciones (desde el juicio de amparo hasta cualquier clase de juicio en la vía ordinaria, ya sea administrativo, civil, laboral o penal entre otros) y éste es el dere-cho de petición previsto en el artículo 8 Cons-titucional que establece que “los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que éste se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa…” y que “a toda petición deberá recaer un acuerdo es-crito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario”. Debe enfatizarse el hecho consistente en que no es lo mismo el derecho de petición previo a la reforma constitucional en materia de dere-chos humanos de 2011 (y la nueva Ley de Am-paro de 2013) que después. ¿Cómo explicarlo? Hay muchas formas y elementos que la natu-raleza de la presente nota no permite enun-ciar, pero el más fácil y didáctico para nuestros alumnos es partir de la discutible distinción en-tre derecho programático (aquél que establece los deberes del Estado pero carece de eficacia directa) y pragmático (instrumental, con una perspectiva amplia que privilegie la eficacia).En ese mismo año, los ex ministros de la Suprema Cor-te de Justicia de la Nación Ulises Schmill y Carlos de Sil-va, en un ensayo¹ cuyo objeto es el análisis del interés legítimo como elemento de la acción de amparo con-secuencia de las reformas constitucionales de 2011, señalaron que: “Existe otro tipo de normas a las que se ha llamado programáticas pues, como su nombre indica, establecen programas tendientes a que el Estado alcance a futuro determinadas metas, alcance que no puede ser actual o inmediato por diversas circunstancias entre las cuales destacan las limitaciones presupuestales, las limi-taciones tecnológicas, etc. (…). Las normas programáticas no pueden hacerse efectivas mediante decisiones de ca-rácter jurisdiccional…”. Tal aseveración de reconocidos abogados demuestra que pocos se encontraban listos para comprender prematuramente los alcances de la reforma consti-tucional en materia de derechos humanos de 2011, la inclusión del interés legítimo en adición al jurídico, la reinterpretación del principio de relatividad de las sentencias, el establecimiento del principio de inter-pretación pro homine y pro actione² y la posibilidad de reclamar omisiones de cualquier autoridad con inde-pendencia de su carácter formal. Los alcances de la reforma transformaron de un día para otro las nor-mas programáticas en pragmáticas, lo que podría realizarse a través de una clase de binomio de accio-nes, el derecho de petición y el juicio de amparo. Mucha importancia se otorgó a la evolución de la ac-ción especial (juicio de amparo), pero poca se había re-conocido a las implicaciones que tuvo la acción general (el derecho de petición).¹ De Silva, Carlos y Schmill, Ulises, El Interés Legítimo como Elemento de la Acción de Amparo, Isonomía No. 38, México 2013, p 247. ²Mayor referencia en: Tesis del a Primera Sala de la SCJN bajo el rubro “TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. LOS ÓRGANOS ENCARGADOS DE ADMINISTRAR JUSTICIA, AL INTERPRETAR LOS REQUISITOS Y LAS FORMALIDADES ESTABLECIDOS EN LA LEY PARA LA ADMISIBILIDAD Y PROCEDENCIA DE LOS JUICIOS, DEBEN TENER PRESENTE LA RATIO DE LA NORMA PARA EVITAR FORMALISMOS QUE IMPIDAN UN ENJUICIAMIENTO DE FONDO DEL ASUNTO” con registro digital 2007064Si con motivo de la reforma referida es posible reclamar en am-paro actos de autoridad, normas generales, pero sobre todo tam-bién omisiones (administrativas, jurisdiccionales y legislativas ya sean totales o parciales), el derecho de petición transitó de ser un derecho de simple solicitud al que deba recaer una respuesta con-gruente en breve término, para constituirse en un verdadero instru-mento de eficacia en la exigencia de la observancia de los derecho humano reconocido por la Constitución o por los Tratados Internacio-nales en la materia. En concreto y con motivo de la reforma señalada, hoy se puede pedir al Es-tado el respeto a la libertad de expresión, de acceso al líquido vital, a la vi-vienda digna, a la educación, a la libertad, al medio ambiente sano, a la salud, a la no discriminación, es decir, a cualquier derecho humano (ya sea econó- mico, social, cultural, ambiental, civil o político) y, la respuesta, debe ser con-creta, objetiva y fundada. Si no lo es así, ante el ejercicio de la acción genérica consistente en el derecho de petición, una respuesta negativa u omisiva genera-rá la potencia para ejercer la acción especial, el derecho de petición. Entonces, las normas programáticas han perdido ese carácter, hoy cualquier norma general -sin importar su jerarquía- que reconozca un derecho humano o derechos sustantivos es perfectamente exigible a través del juicio de amparo si la autoridad niega la peti-ción de manera injustificada u omite responder. Antes de la referida reforma constitucional, ejercer el derecho de petición sólo exigía una respuesta en breve término, ahora es exigible una respuesta en breve término, pero también objetiva, fundada y motivada si se trata de una petición de respeto a los derechos humanos, pero sobre todo, la respuesta u omisión a la misma pue- de ser judicializada de fondo y no solo de forma. Un claro ejemplo de ello, entre otros miles, fue el juicio de amparo promovi-do por la Organización no Gubernamental “Hic-Al” en representación de una mujer de escasos recursos en Xochitepec Morelos que carecíaw de agua (aun cuando en la misma zona existían parques acuáticos y campos de golf), donde a través de un simple derecho de petición a la autoridad municipal se solicitó contar con el líquido vital, y ante la negativa injustificada, el Poder Judicial de la Federación ordenó la construcción de una red que llevase agua a la que- josa (lo que terminó beneficiando a la comunidad dondehabitaba) disponiendo además garantizar la entrega del líquido vital mediante pipas mientras la red se construía.³El derecho de petición fue fundamental y el efecto relativo de la sentencia fue reinterpretado.⁴ Es así, que los derechos que se establecen en normas generales -cualquie-ra que sea su jerarquía-, no pueden ser ni son simples declaraciones pro-gramáticas, todo aquello que está reconocido en una ley debe ser derecho positivo, eficaz y vigente cuya exigencia de observancia puede hacerse valer a través del derecho de petición y, ante una respuesta negativa, puede judicia- lizarse través del juicio de amparo. El Estado no solo debe guardar las formas suscribiendo y ratificando tratados internacionales en materia de derechos hu-manos, o estableciendo un catálogo extenso de derechos en la Constitución, le-yes y normas generales que pudiesen tener solo efectos políticos o dogmáticos. Las cosas han cambiado, no puede permitirse una regresión. Por ello, la importan-cia del derecho de petición. Finalmente, a la fecha no podemos dilucidar los posibles impactos que pueda tener la denominada reforma al Poder Judicial de la Federación del 15 de septiembre de 2024 (reforma sustancial con impacto positivo o negativo al Estado de Derecho). Lo que sí es posible, es luchar porque tal reforma no sea regresiva, sino que fortalezca los beneficios parcialmente alcanzados, entre ellos, la posibilidad de pedir al Estado la observancia de los derechos humanos a través del derecho de petición y, ante su negativa u omisión, la posibilidad de judicialización ante juzgadores competentes y autónomos. Posdata, el 26 de enero de 2024, se publicaron en el Semanario Judicial de la Federa-ción tres criterios de interés en torno a una nueva interpretación del Derecho de Pe-tición, en el que la Primera Sala de la Suprema Corte reconoce la importancia de tal derecho en el orden jurídico nacional e incluso como pilar de la democracia representativa, en la que los ciudadanos no se limitan a votar, sino que tienen una participación en la dirección de los asuntos públicos permitiendo la rea-lización de derechos fundamentales, incluso, a través de redes sociales.⁵ ³Síntesis recuperable en: https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/ noticia.asp?id=2988 ⁴Suprema Corte de Justicia de la Nación (2018). Primera Sala. Registro digital 2016425. ⁵Tesis jurisprudenciales 1a./J. 10/2024 (11ª), 1a./J. 11/2024 (11a.) y 1a./J. 13/2024 (11a.)La extinción de la carrera judicial Una desmesurada afectación a la base trabajadora del poder judicial POR HANS PACHECO ARREOLAe afirma lo anterior, en atención a la Re-forma Judicial que se promulgó el quince de septiembre de dos mil veinticuatro; la cual, entrará en vigor el primero de junio de dos mil veinticinco. Con la finalidad de renovar a todas las personas Juzgadoras del Poder Judicial fe-deral y local. Del mismo modo, se verán perjudicados los Consejeros de la Judicatura Federal, y los 32 Consejos Locales de cada entidad federativa, debido a que, la misma Reforma Judicial buscará su extinción. Aunado a lo anterior, los Juzgadores y Conse-jeros, no serán los únicos afectados; sino tam-bién, las personas servidoras públicas, quienesse encuentran supeditadas a los funcionarios en cita, en virtud de que los primeros expiden los nombramientos de los segundos, quienes conforman la base trabajadora. Bajo esta premisa, con la intención de renovar a todos los Juzgadores y extinguir los cargos de Consejeros; se verán en peligro las plazas de confianza y base, que tendrán a disposición los nuevos Juzgadores entrantes y el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, al tener la po-testad de renovar los nombramientos del per-sonal a su disposición. Cabe mencionar que, la reforma surgió del estereotipo negativo sobre la impartición de Justicia. No obstante, para ocupar un cargode Juzgador, era necesario reunir una serie de estric-tos y rigurosos requisitos implementados en la Re-forma Judicial de los años 1994 y 1995; época donde, por primera vez en la historia de México surgió un au-téntico sistema de Carrera Judicial, con el objetivo de privilegiar los intereses de la sociedad mexicana, por medio de la designación de Juzgadores aptos para el desempeño sus funciones a través de años de expe-riencia, madurez y preparación jurídica. Sin embargo, la Reforma actual abrogó la Carre-ra Judicial; a este respecto, se colige que los nuevos Juzgadores serán personas menos preparadas y ex-perimentadas. Lo cual, constituye un deterioro al Sistema de Impartición de Justicia y al derecho funda-mental de tutela jurisdiccional efectiva, consagrado en el artículo 17 Constitucional. Ergo, se debe recalcar que los nuevos aspirantes, ahora deberán someterse a elecciones y ser vencedores mediante el voto popular. En conclusión, quiero captar la atención de los lectores con la siguiente pregunta: ¿Cómo nos encontramos actualmente bajo el mando de los últimos funcionarios que fueron electos por voto popular?Nueva legislación en materia de protección de datos personales en posesión de particulares ¿Notable avance o evidente retroceso? POR DIANA MICHELL TACUBA CADENAl pasado 20 de marzo de 2025 se publicaron en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP); la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO) y la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP). Las citadas “nuevas leyes” obedecen a la des-aparición de diversos Órganos Constituciona-les Autónomos en atención a las políticas de la nueva administración de gobierno, entre ellos el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Perso-nales (INAI) cuyas funciones principales eran garantizar el acceso a la información pública yla protección de datos personales. Con la en-trada en vigor de las nuevas leyes, las atribucio-nes y facultades del INAI pasan a la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG). En materia de datos personales hay dos gran-des leyes que marcan el perímetro de regula-ción en el tratamiento de estos, la primera dirigida al sector público (LGPDPPSO) y la se-gunda aplicable al sector privado (LFPDPPP). Respecto de esta última, no es de sorprender que con mayor incidencia y las más cuantiosas sanciones impuestas por el INAI, durante la vi-gencia de sus atribuciones, fueron realizadas a particulares, principalmente aquellas gran-des empresas de los sectores financieros y de telecomunicaciones.Entre los principales cambios que establece la nueva regulación aplicable al tratamiento de particulares, se encuentran los siguientes: • Se prioriza el consentimiento tácito de los titulares, siendo este último ahora la regla general en el tratamiento, cuando anteriormente la Ley propiamente no establecía que el consentimiento tácito prevaleciera sobre el expreso. • Sobre este punto, se debe considerar que también se modifican la excepcio-nes para requerir obligatoriamente el consentimiento de los titulares, parti-cularmente aquellas que se fundamen-ten en una disposición jurídica, abriendo en gran medida la posibilidad de que el fundamento se encuentre en una regu-lación secundaria, inclusive de carácter administrativo. • En materia de avisos de privacidad, se considera como nuevo requisito en su contenido el informar a detalle los da-tos personales que serán sometidos al tratamiento, indicar las finalidades para las que es indispensable el consenti-miento de los titulares, pero se elimina la obligatoriedad de informar las trans-ferencias de datos que realicen los res-ponsables del tratamiento. • Este cambio es sumamente importan-te en un país donde la mayor parte de su población desconoce qué es un aviso de privacidad, se omite la lectura de su contenido y en gran medida se acepta sin mayor oposición.Respecto al ejercicio de los derechos de ac-ceso, rectificación, cancelación y oposición (ARCO) la nueva Ley establece que, en el caso de la oposición, se podrá ejercer cuando los da-tos sean objeto de un tratamiento automati-zado, el cual le produzca efectos jurídicos no deseados o afecte de manera significativa sus intereses, derechos o libertades y, en el caso de la cancelación, también se permite al titular ejercerlo efectivo para todos los archivos, re-gistros, expedientes y sistemas del responsa-ble del tratamiento. Si bien la nueva LFPDPPP sustancialmente mantiene gran parte del contenido de la pri-mera ley, la cultura de protección de datos personales en el país aún es escasa y enfren-ta diversos desafíos en la efectiva implementa-ción y aplicación de las obligaciones a cargo de los responsables del tratamiento de estos, más aún cuando estamos frente a un mundo prác-ticamente digital, con el desarrollo de nuevas tecnologías, así como el uso y fácil acceso a las inteligencias artificiales.Para finalizar, si bien es sumamente reciente la entrada en vigor de la nueva legislación y, por ende, no se tienen precedentes de la actuación de la SABG en materia de protección de datos, será sumamente relevante para los juristas, y en general la población mexicana, observar la aplicación de la nueva regulación, así como la supervisión y emisión de criterios a cargo de esta secretaría de Estado para validar la efec-tividad de la nueva regulación y la adopción de las obligaciones a cargo de los particulares, en la que en todo momento deberá velarse por la privacidad de los titulares.Relaciones internacionalesLa multilateralidad de la seguridad en México POR DIEGO ROMEO GORDILLO ÁLVAREZeptiembre de 2024 marcó el último mes de la administración del presidente López Obrador, un sexenio en el que la seguridad es-tuvo en discusión permanente. El evidente re-sultado en materia de seguridad, a pesar de las políticas públicas llevadas a cabo y que pudie-ron haber mejorado la situación con respecto a las administraciones anteriores, no tuvieron el resultado esperado a principios del sexe-nio; aún pese al descenso en la tendencia de homicidios que se registró en estos seis años. De esta forma, la seguridad en México seguirá siendo un tema recurrente en la discusión pú-blica durante la administración de la primera presidenta en México: Claudia Sheinbaum.Este articulo pretende demostrar que las ra-zones de la crisis de seguridad en México no abrevan de fuentes endógenas únicamente, sino que el diagnostico debe contemplar fac-tores geográficos, políticos y económicos; esta hipótesis sostiene que el caso de la seguridad mexicana es única por los factores domésticos e internacionales a la que se enfrenta. En primer lugar, existe un consenso general acerca de que China es el principal exportador de precursores químicos necesarios para la ela-boración de fentanilo en México. Incluso hace un par de años existieron esfuerzos multila-terales entre Estados Unidos, China y Méxicopara frenar el flujo de químicos hacia México provenientes de China; estos esfuerzos se vieron disminuidos tras el actuar di-plomático estadounidense posterior a la visita de Nanci Pe-losi a Taiwán. Este acto de Estados Unidos fue interpretado por parte de China como una afrenta hacia ellos, y en con-secuencia disminuyeron las acciones para reducir el tráfico de los precursores químicos hacia América, demostrando así que los esfuerzos no estaban enfocados hacia una coopera-ción real para frenar el flujo de los químicos sino que el gigan-te asiático lo consideraba una herramienta más dentro de la labor en su política exterior. Por otro lado, al norte de México se encuentra el mayor merca-do de consumo de drogas -con sus propios esquemas de cárte-les nacionales que ayudan a la distribución y al cobro de ésta-. En 2022, en este mercado se registraron menos de 80,000 muer-tes asociadas al uso de fentanilo y poco más de 100,000 en el agregado de muertes asociadas a la sobredosis de alguna dro-ga dentro de Estados Unidos (National Institute on Drug Abuse, 2024). Esta crisis de salud en Estados Unidos, tal y como lo catalogó Blinken en su visita en 2022 a México, exige una colaboración bilateral entre México y Estados Unidos para buscar las solu-ciones más adecuadas. Sin embargo, a la par de la crisis en salud que Estados Unidos atraviesa, México sufre una crisis humani-taria debido al tráfico ilegal de armas provenientes del país veci-no del norte en razón de los casi nulos controles a las que estas armas son sometidas. El río de acero y plomo que cruza hacia México es de tal magnitud que, las cifras más conservadoras que diversos estudios arrojan, indican que más de 600 armas de fuego cruzan hacia México diariamente, y que el 72% de todas las armas que se producen en Estados Unidos llegan a México, seguido -muy lejos- por Canadá con solo 6.5% de las armas y con cifras aún menores se halla Bahamas, Haití y Brasil (Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms, 2024).Por último, México se encuentra en el paso del tráfico de la droga que proviene desde Sudamérica y Centro-américa. La situación de violencia que Chiapas padece evidencia este hecho. Desde años atrás se ha indica-do que los conflictos y desplazamientos que la pobla-ción chiapaneca ha estado sufriendo en las zonas de los altos, en la Sierra Madre de Chiapas y en la frontera con La Mesilla y Huehuetenango se debe a la disputa de ru-tas de trasiego de droga proveniente de Colombia, El Salvador, Venezuela y otros países al sur de México. El conflicto por las zonas de trasiego, aunado al inmenso tráfico de armas proveniente de Estados Unidos, ha-cen que el estado del sureste mexicano atraviese una de las crisis humanitarias y de seguridad más impor-tantes de la historia chiapaneca. En meses recientes la población chiapaneca, junto a la de otros estados, ha sido orillada a migrar hacia otras ciudades y poblados cercanos del estado e incluso hacia ciudades dentro en Guatemala.Dicho esto se evidencia que nuestro país presenta tina situación única en la historia. México se vuelve destino del tráfico ilegal de precursores químicos provenientes del oeste, puente de tránsito de la droga proveniente del sur, mercado objetivo de la producción de armas desde el norte y a la vez exportador hacia el norte de la droga que inunda a la sociedad estadounidense. Las políticas en materia de seguridad deben de responder a un nivel doméstico con involucramiento del nivel federal, esta-tal y municipal; sin embargo, estos esfuerzos domés-ticos tienen que venir acompañados de la política exterior con un enfoque multilateral entre los in-volucrados para resolver los problemas que los países norteamericanos enfrentan.Existen esfuerzos diplomáticos en Estados Unidos por parte de la Cancillería mexicana que buscan de-mostrar la responsabilidad de las empresas privadas estadounidenses que manufacturan las armas, mis-mas que son usadas para los homicidios y desapari-ciones de mexicanas y mexicanos. Estos esfuerzos, aunque dignos de mencionar, no son suficientes. Esta operación diplomática debe de convertirse en políti-ca de Estado y estar permanentemente presente en las discusiones que la nueva administración mexica-na sostenga tanto al interior del país como al exterior. La siguiente administración que gane en Estados Uni-dos, tras el 5 de noviembre, no solamente tendrá que sentarse a la mesa para negociar políticas migratorias con México, sino que tendrá la obligación de hacer un análisis amplio -junto a los demás actores- y no desa-gregar los temas para el análisis individual en beneficio de la población de la región.Del Asia-Pacífico al Indo-Pacífico: Cambio de paradigma regional POR JASON MARTÍNEZ JURADOa segunda década del siglo XXI se ha carac-terizado por diversos factores disruptivos de naturaleza política, comercial, de salud y ambiental; mismos que gradualmente han di-luido la frontera entre lo económico y geopolí-tico en el escenario internacional. Las cadenas de suministro continúan siendo las más afec-tadas, con serias repercusiones para múltiples sectores productivos, que van desde la agroin-dustria y farmacéutica, hasta los más tecnoló-gicamente avanzados, como la fabricación de semiconductores, electro-movilidad y todos los componentes involucrados en las anterio- res industrias. En este contexto, sobresalen las tensiones pro-vocadas por la guerra comercial y tecnológica entre Estados Unidos y la China, comenzada a inicios del siglo XXI, encrudecida durante la ad-ministración de Donald Trump (2017-2021), y cuyos efectos repercuten en la economía glo-bal, con tendencias como la relocalización de procesos productivos y la vuelta hacia los re-gionalismos más herméticos; además de crear un ambiente geopolítico que empieza a guar-dar similitudes con la situación que el mundo vivió durante la Guerra Fría en el siglo XX.he second decade of the XXI century has dis-tinguished itself by the presence of diverse disruptive factors of political, commercial, heal-th and environmental nature that gradually have eroded the borders that separated the economic and geopolitical realms within the international context. Supply chains remain seriously affected by said factors, with severe consequences for multiple productive sectors; from agroindustry and pharmaceutics, to those more technologi-cally advanced, namely semiconductors, elec-tro-mobility and a wide range of inputs involved in their production. In this context, tensions from the trade and te-chnological war between the United States and China, which took off in the early XXI century and worsen during Donald Trump’s first administra-tion (2017-2021) are now more visible. This tra-de war has sent ripples through global economy, mainly with the relocation of productive proces-ses and a new trend for closed regionalism, besi-des enabling a geopolitical environment similar to that of the Cold War.Una de las consecuencias quizás más visibles de tal conflicto, ha sido el giro drástico en la conceptualización de las dinámicas econó-micas la región del Pacífico (conformada por países y territorios ribereños a las costas del Océano Pacífico, particularmente en el Este de Asia, Sudeste Asiático, Oceanía, Norteaméri-ca, y la porción occidental de Sudamérica); la cual, luego de cuatro décadas de plantear un entendimiento del Asia-Pacífico basado en el regionalismo abierto y la interdependen-cia económica mediante la cooperación en el Asia-Pacífico, en las circunstancias recientes ha transitado hacia un modelo de regionaliza-ción de tipo excluyente con tintes geoestraté-gicos denominado Indo-Pacífico. El Indo-Pacífico, término atribuido a Gurpreet Khurana1 en 2007 supone un nuevo paradigma respecto al entendimiento de las interacciones en el Pacífico. Más allá de modificar su alcance geográfico, al incluir a India como “Estado pi-vote” para controlar el avance de la influencia que China ejerce en la región (y también en el resto del mundo con la iniciativa de la Franja y la Ruta, inaugurada en 2013); incorpora ele-mentos geoestratégicos y de seguridad re-gional, mismos que entrelaza con aspectos comerciales, productivos y de inversión. Lo an-terior ha sido concretado en la Estrategia del Indo-Pacifico desplegada por EE.UU. a partir de febrero de 2022, y en la que contem- pla la participación de sus aliados en aquella región.As a result, the conceptualization of the econo-mic dynamics in the Pacific has changed drasti-cally. Transitioning from a sphere of cooperation and shared prosperity in the Asia-Pacific (which comprehended countries and territories geo-graphically located in the shores of the Pacific Ocean, specifically in East and South Asia, Ocea-nia, North America and the western side of South America), to an excluding type of regionaliza-tion including geostrategic elements, labeled as Indo-Pacific. The term Indo-Pacific, first attributed to Gur-preet Khurana in 20071, poses a new paradigm regarding how to understand the interactions within the Pacific. Beyond modifying the geo-graphical scope by including India as a “pivotal state”, that can contribute in controlling Chi-na’s influence within the region (and in extension the rest of the world through the Belt and Road initiative, from 2013); it also incorporates geos-trategic and security elements, combined with economic issues, such as trade, investment and production. This has been part of the Indo-Paci-fic Strategy launched by the US Government in February 2022, with the participation of its allies in said region.La Estrategia del Indo-Pacífico de EE.UU. cuen-ta con una vertiente económica, el denomi-nado Marco Económico Indo-Pacífico (IPEF), anunciado en mayo 2022. Mediante IPEF, los estadounidenses buscan establecer con 13 paí-ses del Pacífico2 una serie de compromisos es-pecíficos en materia de comercio, cadenas de suministro, economía limpia y combate a la co-rrupción, mediante acuerdos focalizados en di-chas áreas. Cabe mencionar que, este marco no persigue crear un acuerdo regional de libre comercio, como lo es el Tratado Integral y Pro-gresivo de Asociación Transpacífico (CPTPP por sus siglas en inglés), abandonado por EE.UU. en 2017, pese a haber liderado el proceso negocia-dor, sino ir un paso adelante en sus alcances y niveles de ambición. En noviembre de 2023, coincidiendo con la Cumbre de APEC, celebrada en San Francisco, concluyeron las negociaciones de los acuerdos sobre cadenas de suministro, energías limpias yThe US Indo-Pacific Strategy possesses an eco-nomic branch, namely the Indo-Pacific Econo-mic Framework (IPEF), made public since May 2022. Through IPEF, the US seeks to establish a series of commitments with other 13 countries of the Pacific2, in focalized areas such as trade, supply chains, clean economy and anti-corrup-tion, throughout specific agreements in each of these issues. It is worth to mention that, the fra-mework does not pursue a regional free trade agreement, such as the Comprehensive and Pro-gressive Trans-Pacific Agreement (CPTPP), which the US withdraw in 2017, although having led its negotiating process. Far from this, through IPEF the US seeks to go further in terms of scope and level of ambition. On November of 2023, in the margins of APEC Eco-nomic Leader’s Meeting, held in San Francisco, CA, the negotiations for the agreements under IPEF, in areas such as supply chains, clean energies and anti-corruption reached their conclusion. Theanti-corrupción. El primero fue firmado a finales de 2023 e implementado en febrero de 2024, mientras que los dos últimos se suscribieron en junio del mismo año. Respecto al acuerdo so-bre comercio, el más atractivo por la inclusión de comercio digital (pese a no plantear reduc-ciones arancelarias) sigue pendiente de ser fi-nalizado. Varios factores han obstaculizado su proceso de negociación, particularmente la au-sencia de India en éste, y la contienda electo-ral en EE.UU. Como una primera apreciación, el conjunto de países que participa en IPEF tiene claridad sobre el rumbo y los alcances del mar-co, principalmente en lo que se refiere a formar parte del proyecto de vinculación económica con los estadounidenses en la región. El avance de este proceso no debería ser aje-no a México. En primer lugar, por las implica-ciones económicas que representa el liderazgo de EE.UU., nuestro principal socio comercial. En segunda instancia, la participación de varios de nuestros ahora también socios económicos en el Pacífico (Japón, Australia, Singapur, Malasia, Vietnam, Nueva Zelandia) quienes, mediante estas iniciativas, más allá de establecer acuer-dos en áreas específicas, en realidad estánfirst of these agreements was signed by the end of that same year and implemented on February of 2024, whilst the other two where subscribed in June. Regarding the agreement on trade, also ne-gotiated in 2023, its conclusion is still pendant, despite being highly attractive for the inclusion of digital commerce (although it does not consi-ders tariff phase-out). Several factors have hin-dered its negotiation process, particularly the absence of India, and (last year’s) elections in the US. From a first view, the IPEF participating countries have clear perspective on the way and direction of the framework, mainly regarding ta-king part in a project that would link-up the US towards the Pacific in economic terms. Mexico does not necessarily needs to keep its dis-tance from this process. Firstly, due to the econo-mic implications derived from the US leadership, our main trading partner. Secondly, the involve-ment of several of our recent economic partners in the Pacific (Japan, Australia, Singapore, Ma-laysia, New Zealand and Viet-Nam), which asi-de from establishing specific agreements, they are actually molding the possible international trade rules as well as reconfiguring regional su-pply chains into the next decades. The latter, far from leading to a conclusion, it opens several newperfilando las posibles reglas de comercio inter-nacional y la reconfiguración de las cadenas de suministro hacia las siguientes décadas, al me-nos dentro de la región. Lo anterior, más que brindar conclusiones, abre una serie de pregun-tas para el país: ¿cómo debería ser la estrategia para lograr un acercamiento con el IPEF?, ¿qué tan prudente sería tomar parte en esta iniciati-va y lo que esto implicaría para la relación con China? y, por último, pero no menos importan-te ¿Cuáles serían los costos, en términos eco-nómicos, de no hacerlo?questions for Mexico: What is the best strategy to approach IPEF? Is it prudent to take part in such an initiative and what would it imply for our relation with China? Finally yet importantly, what could be the economic costs of not taking any action in respect?¹Ex-capitán de la Marina India y Director Ejecutivo de la National Maritime Foundation en Nueva Delhi. ²Australia, Brunei Darussalam, República de Corea, Fiji, Filipinas, India, Indonesia, Japón, Nueva Zelandia, Malasia, Singapur, Tailandia y Vietnam.¿Bienestar animal o bienestarismo? POR ANALUCÍA JIJÓN NAVARRO Y HANIA MARÍA DE LOS SANTOS RAMÍREZa protección y los derechos de los animales han sido temas de mucho interés por parte de una gran sector de la población de diferen-tes esferas sociales, esto debido a que con el paso del tiempo se ha visibilizado la importan-cia de cuidarles y protegerles no solo desde un ámbito del amor o la compasión, sino desde un nivel jurídico y gubernamental; es por esto que gobiernos como el de México han to-mado paulatinamente cartas en el asunto, teniendo algunos logros, pero estancán- dose en continuar desarrollándose y progresando, tal como ha sido el caso de la política pública sobre bienes-tar animal impulsada por Sedema en el año 2019, la cual a pesar de poder representar un esfuer-zo significativo en la forma y parte en el fondo, continúa estando sesgada lo cual impide poder hablar realmente de un bien- estar animal real.Comenzando con la forma, tal y como mencio-na el autor Luis F. Aguilar, esta política definió sus objetivos en base en un sistema de valores de compasión e incluso de familia de la socie-dad mexicana, al poner como centro de las prio-ridades a los animales de compañía, además de mencionar estrategias, agenda y líneas de ac-ción claras y concisas para llevar a cabo como la esterilización, vacunas, pláticas, campañas e inclusive información animalista en los libros de texto gratuitos, destacando la propuesta de estudiar y analizar las leyes que ya no se en-cuentran vigentes para poder incluir a los ani-males a nivel jurídico nacional como animales sintientes y por ende, aplicar un marco legal que los proteja. Otros aspectos positivos de la forma de esta política pública es que tal y como menciona Berlanga en su obra “Democracia”, para esta política se dio un proceso democrático en el que la sociedad participó directamente para que se llevara a cabo, ya que fue gracias a los esfuerzos de muchos ciudadanos quienes le-vantaron la voz, quienes en conjunto con las autoridades realizaron el proyecto que le dio paso. Es por esto y por el plan definido deacción con el que cuenta, que ya entró en vigor y se encuentra en la cuarta fase del ciclo de las políticas públicas definido por Mény y Thoenig, la cual es la fase de implementación donde ya se están po-niendo en acción el plan de trabajo, pero que aún falta tiempo para que se puedan evaluar y observar claramente los resultados que ob-tendrán, ya que como menciona el autor Sabatier, este es un proce-so que puede durar en promedio 10 años.Por otro lado, en cuanto al fondo de la política pública, desde un enfoque sustantivo e ideológico como los que menciona el autor Eduardo Villareal en su obra “Pre-Textos”, la política es pobre en cuánto a que debido al cerrado y selecto grupo de especies animales que comprende -donde se resaltan a las especies “domésticas”- no se puede hablar realmente de un bienestar animal, si no que sería un bienestarismo por el en-foque utilitario que tiene sobre los animales de compañía de-jando de lado a las demás especies con las que convivimos y coexistimos día con día, como los mal llamados, animales de granja. Además del enfoque bienestarista que tiene, es un en-foque animalista, de nuevo, porque se enfoca únicamente en las “mascotas”, por lo que, hablando en un sentido mucho más estricto, el título correcto para esta política pública podría ser Bienestarismo animalista. En conclusión, esta política pública es un buen acercamiento del gobierno a través de instituciones gubernamentales como la Sedema para llegar a una protección de los animales, ya que como se analizó cuenta con una buena forma y se está ejecu-tando de manera exitosa con logros significativos dentro de la sociedad mexicana, sin embargo, es importante se-guir actualizando los planes de trabajo y los enfoques bajo los que se realizan las políticas para poder cada vez llegar a un mayor y mejor tanto crecimiento como desarrollo social y no quedarse sesgados o estancados con el fin de poder avanzar cada vez más hacia una sociedad más justa para todos los animales, tanto humanos, como no humanos.Coordinación de Impulso y Vida Estudiantil¿Quiénes somos? La Coordinación de Impulso y Vida Estudiantil (CIVE) promueve el desarrollo de estilos de vida saludable y el fortalecimiento de habilidades para la vida, integra una red de acompañamiento y apoyo que promueve el fortalecimiento de la vida universitaria.¿Qué ofrecemos? El CIVE ofrece distintos tipos de orientación como:Orientación Educativa Orientación Vocacional Orientación NutricionalProyectos de Desarrollo Estudiantil Servicio Médico y Enfermería Servicios al estudiante y residencias universitarias¡Visítanos!Ligas de interés Oferta educativa La Salle Protocolo para la prevención de violencia Perfil de Instagram del CUE de DerechoProyecto institucional En un destacado esfuerzo por impactar positivamente en la comunidad de Acapulco, jóvenes estudiantes de diversas disciplinas, incluyendo las licenciaturas en derecho, ingeniería civil, arquitectura, psicología y educación de la Universidad La Salle, han unido fuerzas para llevar a cabo un proyecto innovador de desarrollo social y comunitario. La iniciativa se enfocó en la rehabilitación de viviendas afectadas de colaboradores del Colegio La Salle Acapulco tras el reciente huracán Otis.sta intervención, respaldada por nuestra univer-sidad, bajo el nombre #VaPorAcapulco, aborda también, de manera crucial, acciones que intervienen en la resignificación emocional de aquellos afectados por el desastre vivido. El enfoque integral del proyecto sirve como testimonio tangible del compromiso de La Salle por formar a profesionales con valor agentes de cambio solidarios, dedicados a transformar la socie-dad y mejorar las condiciones de vida de quienes más lo necesitan. La experiencia se ha convertido en una vivencia transformadora, no solo para los residentes de las viviendas afectadas, sino también para los pro-pios estudiantes. En este acto de servicio, encuentran una oportunidad única para contribuir al tejido social de Acapulco, fortaleciendo los lazos comunitarios y dejando una huella significativa en la vida de quienes participan en esta iniciativa.La solución que se está construyendo tiene varias líneas de acción integradas desde el en-foque de la vivienda como materialización del hogar donde conviven las personas y familias de la comunidad. Es por ello que se intervino tanto en la rehabilitación de las viviendas de forma material y legal, y de las personas desde su ser interior, emocional y espiritual.0S4emblanzasHÉCTOR CARREÓN PEREA s licenciado en Derecho por la Uni-versidad La Salle (Ciudad de México), maestro en Derecho Penal por el Ins-tituto Nacional de Ciencias Penales (IN-ACIPE) y Doctor en Derecho con mención honorífica por la Universidad Nacional Au- tónoma de México. Fue becario de la Academia Internacional Principios de Núremberg (Alemania), para realizar estudios sobre Derecho penal in-ternacional. De igual manera, cursó estu-dios de Derecho internacional público y destrezas de litigación en la Universidad Complutense de Madrid (España) y el Cen-tro de Estudios de Justicia de las Américas (Chile), respectivamente. Cuenta con el reconocimiento de Investiga-dor Nacional Nivel I ante el Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores del Con-sejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías.En el mes de noviembre de 2023 recibió el “Galardón Profesionales con Valor”, reconocimiento que otorga la Universidad La Salle por sus aportaciones y destacada trayectoria como egresado en el ámbito de la adminis-tración pública. Es profesor a nivel posgrado en la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle (Ciudad de México), la Univer-sidad Panamericana (Campus Guadalajara), la Escuela Libre de Derecho, la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala y el INACIPE, donde fue profesor-investigador de tiem-po completo y consejero académico profesor. Asimismo, ha participado como ponente y docente en cursos, congresos y seminarios organizados por institu-ciones como la Universidad Allameh Tabataba’i de Irán, el Centro de Estudios Socio Jurídicos Latinoamericanos (Colombia), Universitas Fundación de Venezuela, el Centro de Estudios Jurídicos del Ministerio de Justicia del Gobierno de España, la Organización Internacional Ítalo Latinoamericana y la Escuela Nacional de Forma-ción y Perfeccionamiento de Magistrados de Brasil. Llevó a cabo una estancia de investigación en materia de Ciencias Penales en el Departamento de Derecho Penal y Criminología en la Universidad de Buenos Ai-res, Argentina. En el ámbito de la procuración de justicia se ha desem-peñado como director de atención a quejas e inspec-ción en Derechos Humanos, fiscal coordinador (Agente del Ministerio Público de la Federación) titular del eje de capacitación en la Unidad para la Implementacióndel Sistema Procesal Penal Acusatorio y director gene-ral de Proyectos Especiales en la entonces Procuraduría General de la República. De igual manera fue director de cultura y atención a Derechos Humanos en la Secre-taría de Seguridad Pública del Distrito Federal. Fue secretario técnico de la Coalición Mexicana por la Corte Penal Internacional y consultor en el programa Enfoque DH de la Agencia USAID del Gobierno de los Estados Unidos. Autor del libro “Los criterios de oportunidad en el pro-ceso penal. Teoría y práctica” (Tirant lo Blanch/INEPPA, 2021) y coautor del libro “Ley Nacional de Ejecución Penal. Anotada y concordada” (Porrúa, 2019), así como coordinador de las obras “Derechos indígenas y acceso a la justicia penal” (INACIPE, 2019), “Estudios contem-poráneos sobre Ciencias Penales” (Tirant lo Blanch/ INEPPA, 2022) y “Diccionario jurídico de términos so-bre derechos humanos contenidos en leyes nacionales” (Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, 2023). Desempeñó el cargo de comisionado integrante de la Comisión Técnica de Transición hacia la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, designación realizada por el Con-greso de la Ciudad de México en el mes de diciembre del 2018. Actualmente el Doctor Carreón es miembro de la Aso-ciación Internacional de Fiscales y de la Asociación Latinoamericana de Derecho Penal y Criminología, así como cofundador del Instituto de Estudios del Proceso Penal Acusatorio, A.C. (INEPPA).CÉSAR ENRIQUE OLMEDO PIÑA icenciado en Derecho por la Universidad La Salle, con mención honorífica. Especialista en Amparo y maestro en Derecho Procesal Constitucional por la Universidad Panamericana y doctorante en Ciencias Jurídicas por la Universi-dad Católica Argentina. Ha sido profesor de bachillerato, licenciatura y posgrado en diversas universidades e institu-ciones educativas de México y el extranjero. Fue investigador honorario del Instituto de Investiga-ciones Jurisprudenciales y Promoción de la Ética Judicial, adscrito a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, coordinador de Controles Constitucio-nales en el Tec de Monterrey y director del Colegio de Derecho y Derechos Humanos en la Universi-dad del Claustro de Sor Juana, además de Premio Nacional de Debate Político en 2013. Igualmente ha escrito diversos artículos para revistas espe-cializadas y obras colectivas en materia de justicia constitucional. Desde 2011 a la fecha es socio en el Despacho Igna-cio Burgoa Orihuela, firma especializada en amparo y otros procesos constitucionales, destacándose recientemente la inconstitucionalidad del art. 256 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y la proce-dencia de un incidente innominado para fijación de contrafianza en una suspensión. Fue candidato al cargo de Ministro en La Suprema Corte de Justicia.HÉCTOR SEGOVIA - TAVERA COTA icenciado en Derecho con más de ven-tidós años de experiencia y especialis-ta en litigio laboral así como el manejo del juicio de amparo, siendo autor de diver-sos artículos legales, capacitador avalado por la STPS, conferencista y colaborador de diversos programas de radio. Actualmente funge como miembro del Consejo Directivo de la Barra Mexicana Co-legio de Abogados Capitulo Baja California Sur, encargado de la Vicepresidencia en la Asociación de Abogados de Los Cabos, A.C., miembro del Instituto Mexicano de Ejecu-tivos de Finanzas, BCS, asesor de la Asocia-ción de Ejecutivos de RrHh de Los Cabos, Vicepresidente del Club Rotario de San Jose del Cabo y Presidente de COPARMEX, Cen-tro Empresarial Los Cabos por el periodo 2025-2026. En los últimos años se ha especializado en la asesoría de desarrollos turísticos inmo-biliarios y hoteleros a nivel nacional siendo asesor de los desarrollos hotelos turísticos e inmoblliarios y campos de golf más exclu-sivos de Los Cabos.Egresado de la Facultad de Derecho de la Universi-dad La Salle, A.C., con diplomado especialidad en Derecho Laboral por el ITAM, con maestría en De-recho Procesal Laboral por el Centro de Estudios de Posgrado y cuenta con un Posgrado en Com-pliance Laboral por la Universidad Anahuac Mayab. Galardonado por la revista FORBES MEXICO en Mayo 2022 como la Firma mejor posicionada de Los Cabos. Por el Grupo REFORMA, especial de las Mejores Firmas Legales CHAMBERS & PART-NERS en Noviembre 2022, por la revista Los Mejores Abogados de México 2024 TOP LEGAL nom-brado como Abogado Diamante y Abogado Impulsor, y finalmente obtener el Law Award Global Quality Cer-tification 2024 por el Latin America Quality Institute.DIANA MICHELL TACUBA CADENA Estudiante de tercer cuatrimestre de la Maestría de Derecho de Empresa de la Universidad La Salle, Licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autó- noma de México, con especialización y ex-periencia profesional en el sector financiero, principalmente en el sector de seguros. Ac-tualmente se desempeña como Gerente Legal de Lockton México y cuenta con cer-tificaciones en materia de implementación de legislación de protección de datos perso-nales y sistemas de seguridad de la informa- ción, así como su auditoría interna.PAULINA VELÁSQUEZ PÉREZ icenciada en Relaciones Inter-nacionales por la Universidad La Salle México, don-de tuvo el honor de dar el discurso de graduación de la Facultad (Generación 2014-2018). Durante su trayectoria universitaria, recibió el Premio CUE 2016 por Formación In-tegral y obtuvo el primer lugar en el XVIII Con-curso La Sallista de Investigación, Desarrollo e Innovación por su trabajo “Movimiento de segregación anti-turco en Alemania”. Posteriormente, obtuvo el grado de Maes-tra en Economía y Finanzas Internacionales por la Universidad de Queensland, Austra-lia, una de las 50 mejores universidades del mundo según QS World University Rankings. Su excelencia académica y profesional le valió la Global Leaders Scholarship – Latin America Recipient. La carrera de la Mtra. Velásquez se distin-gue por su versatilidad y profundidad en distintos sectores. Ha ocupado posiciones estratégicas tanto en el sector público como en el privado, dejando huella en cada uno de ellos.En el ámbito gubernamental, se desempe-ñó como Jefa del Departamento de Asuntos Multilaterales en la Procuraduría Federal del Consumidor, donde representó a Mé-xico en negociaciones de alto nivel en or-ganismos internacionales como Naciones Unidas, la OCDE y la OMC. Su labor incluyó la referencia de políticas públicas en mate-ria de protección al consumidor y compe-tencia con impacto global, con el objetivo de adaptar mejores prácticas a la realidad mexicana. Su experiencia internacional se enriqueció aún más en Australia, donde trabajó en la ad-ministración de la Universidad de Queens-land y como consultora financiera en NIISQ. Más allá de la experiencia profesional, esta etapa marcó un punto de inflexión en su vida. Durante sus primeros años laborando, Paulina había seguido la ruta tradicional de ascenso profesional, enfocándose en metas laborales con intensidad. Sin embargo, vivir en un entorno con una cultura de vida más equilibrada la llevó a replantear sus priori-dades. Desde entonces, su enfoque ha cam-biado radicalmente: encontrar un balance entre éxito profesional y bienestar personal es ahora su prioridad. Actualmente, Paulina se desempeña como Gerente, Project Manager y Business Analyst en Tecnología de Mercados Financieros en Scotiabank, con especialidad en instrumen-tos derivados. Asumir este reto ha significadointegrar el mundo financiero con el tecno-lógico, enfrentando curvas de aprendizaje pronunciadas, pero manteniendo intacta su filosofía de abrazar el cambio con valentía. “El miedo a lo desconocido nunca me ha de-tenido; si algo ya no me llena o mis objetivos cambian, me reinvento cuantas veces sea necesario”. Más allá del mundo corporativo, desde 2024, es profesora de Macroeconomía de la carrera de Relaciones Internacionales en la Univer-sidad La Salle y de Economía Internacional en la Escuela de Negocios de la Universidad Panamericana. “Siempre quise volver a las aulas como maestra. Enseñar es un acto profundamente humanista, una de las me-jores maneras de contribuir a la sociedad, formando a las próximas generaciones e impactando sus vidas de la forma más positiva posible”. Sus áreas de interés incluyen políticas públicas, macroeconomía y mercados fi-nancieros, reflejando un compromiso cons-tante con el análisis de fenómenos globales desde una perspectiva holística.MARLENE ZAMARRIPA RUÍZ arlene Zamarripa Ruíz es Doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Nacional Autóno- ma de México (UNAM), Maestra en Estudios en Relaciones Internacionales con mención honorifica, y Licenciada en Relaciones Inter-nacionales, también por la UNAM. Tiene una trayectoria académica deonceaños como profesora de asignatura en la Facultad de Estudios Superiores Aragón-UNAM, y de siete años como catedrática en la Universi-dad La Salle. A lo largo de dicha trayectoria ha impartido diversas asignaturas relaciona-das con sus líneas de especialización, es de-cir: el proceso de conformación de la Unión Europea, la política internacional contem-poránea, así como la construcción histórica de los Estados Unidos.Sobre estas temáticas ha escrito varios ar-tículos publicados como “La crisis del Espa-cio Schengen: lecciones para la integración europea” (revista Muuch Xiimbal, 2021) o “A 69 años de la Declaración Schuman: hacia una necesaria refundación de la UE” (revista Muuch Xiimbal, 2020) entre otros. Asimismo, ha participado como ponente a diversos congresos a nivel nacional e inter-nacional, siendo sus últimas participacio-nes en las mesas de análisis: “Análisis de los resultados de las elecciones al Parlamento Europeo” (junio, 2024) “Las relaciones de la Unión Europea con el mundo”, con la po-nencia “La evolución de las relaciones de la UE con América latina” (marzo, 2024), así como en la mesa de análisis: “Consecuen-cias de la guerra de Ucrania para el Mundo” (moderadora, febrero, 2024). Como parte de su trayectoria profesional ha sido entrevistada para diversos medios de comunicación como el programa Vértice internacional (a propósito de la visita deDonald Trump a Reino Unido y Francia en conmemoración por el 75 aniversario del Día D), Radio Formula (respecto a la invasión de Rusia a Ucrania, 2022), ADN 40 (a propósito de la política de la Unión Europea hacia los refugiados ucranianos,) Canal once (respec-to a la victoria de Giorgia Meloni como Pri-mera Ministra en Italia), entre otros. Por último, también ha colaborado como evaluadora de publicaciones a nivel na-cional e internacional como son: la revis-ta Relaciones Internacionales, del Grupo de Estudios de Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (2023), el capítulo “Ultraderecha en Eu-ropa Central: retos y perspectivas hacia la integración europea y sus implicaciones hacia el conflicto ruso-ucraniano”, del li-bro Rusia y sus relaciones internacionales (2022), y de Estados Unidos y Canadá (FES Aragón-UNAM, 2021).05ArticulistasDIEGO ROMEO GORDILLO ÁLVAREZ studiante de quinto semestre de la carrera de Relaciones Internaciona-les, los campos de interés del autor se centran en el estudio de los grupos de cri-men organizado, el tráfico de armas hacia México, las políticas de drogas y las políti-cas de seguridad. Diego ha colaborado en la investigación Do criminal groups make or break citizens? How criminal organizations presence affects citizen-state interactions, dirigida por la doctora Kaitlyn Chriswell de la Universidad de Harvard. Además, Diego ha colaborado en diversas revistas y publicaciones en las que resalta la participación en el Centro de Investigación Internacional del Instituto Matías Romero y El Toro Salvaje, revista perteneciente a la Universidad Iberoamericana.Hania De Los Santos ania De Los Santos es licen-ciada en Relaciones Interna-cionales por la Universidad La Salle, con un enfoque en derechos humanos y anticolonialismo. Durante su formación, participó acti-vamente en iniciativas estudiantiles, siendo parte del Consejo Estudiantil de Derecho, miembro fundador del grupo Olimpias, dedicado al femi-nismo y a las mujeres lasallistas, y colaboradora en DIME, un espacio de apoyo para migrantes y refugiados en México. Su compromiso con la justi-cia social y la equidad ha guiado su trabajo académico y activismo, bus-cando generar impacto a través del análisis crítico y la acción colectiva.Analucia Jijón Navarro nalucia Jijón Navarro es licen-ciada en Relaciones Internacio-nales por la Universidad La Salle. Tiene experiencia en organizaciones no gubernamentales enfocadas en derechos animales y justicia climáti-ca, donde ha sido conferencista y re-presentante en foros de activismo. Durante su formación académica, fue miembro fundador del grupo estu-diantil feminista Olimpias y colaboró en la Secretaría de Relaciones Exte-riores en el Programa de Defensoría en Estados Unidos en Materia Penal. Su trayectoria refleja un profundo compromiso con la justicia social y la gestión internacional, apostando por un mundo más equitativo, sostenible y éticamente responsable.JASON MARTÍNEZ JURADO l profesor Martínez es Licenciado en Re-laciones Internacionales por la UNAM, y Doctor en Relaciones Transpacíficas por la Universidad de Colima. Cuenta con experiencia de dos décadas en el sector gubernamental, particularmente en foros económicos internacionales, como APEC y G20, y en la relación económica con socios estratégicos en Asia-Pacífico Es ca-tedrático en la UNAM, Universidad la Salle y Universidad Panamericana, y ha escrito y colaborado en diversas publicaciones de corte académico. De manera honorífica desempeña las funciones de Director Eje-cutivo del Capítulo Mexicano del Consejo para la Cooperación Económica del Pacífico (PECC).MARIO MEJÍA Kargl icenciado en Derecho por la Universi-dad La Salle, Maestro en Administra-ción Pública por la Facultad de Derecho de la Universidad Anáhuac del Norte, Doc-torante en Ciencias Jurídicas por la Univer-sidad La Salle. Socio del despacho Mejía Guízar y Kargl Abogados. Profesor de las materias de am-paro y práctica forense de Amparo en la Universidad La SalleHANS PACHECO Arreola studié la Licenciatura de Derecho en la Universidad La Salle, en la Genera-ción 2019-2024. Actualmente desem- peño el cargo público de Secretario Auxiliar de Magistrado y me encuentro adscrito a la Tercera ponencia de la Quinta Sala Civil del Poder Judicial de la Ciudad de México, des-de el primero de septiembre del año 2021. Quiero reconocer el esfuerzo, dedicación y sa-crificio de las personas involucradas en mi tras-cendencia estudiantil y profesional; al amor de mi vida y mi prometida, Valeria Aznar Pérez, quien siempre me apoyó en los momentos más difíciles desde que ambos teníamos 19 años y gracias a ella pude culminar mis estudios, al ser mi motivación principal en los buenos y malos momentos; a mi padre, Ezequiel Pacheco Flores, quien me inculcó valores para resolver los problemas que se presentan en la vida des-de un sentido humanista, así como el ser una persona paciente y con aplomo ante cualquieradversidad; a mi madre Victoria Arreola Valdés, quien toda la vida me ha protegido y velado por mis intereses y ne-cesidades, privilegiándolos por encima de los suyos, para sacarme adelante y no dejar que nada indispensable me falte; al Magistrado Élfego Bautista Pardo, por otorgarme la oportunidad de formar parte de su prominente equipo de trabajo y contribuir como un buen elemento por medio del desempeño de mi ejercicio profesional en el ámbito ju-risdiccional, mediante la disciplina del estudio constante y del trabajo hecho con dedicación; a mi Maestro, Enoc Cruz Rodríguez, ya que gracias a él, adquirí conocimientos tras-cendentes y novedosos, tanto jurídicos como factores que han contribuido a mi madurez personal y profesional, que son la base estructural con la que aprendí a desempeñar mi labor como Abogado y Servidor Público; y a mi hermana Anaid Pacheco Arreola por el amor que me brindó desde temprana edad.CARLOS EMILIO VÁZQUEZ PÉREZ arlos Emilio Vázquez Pérez, es es-tudiante del último semestre de la Licenciatura en Derecho en la Uni-versidad La Salle México. Su formación profesional se ha enriquecido a través de estudios a nivel nacional e internacional, como lo es el curso por la Freie Universi-tät Berlín en Law, Society and Politics in a comparative perspective. Asimismo, cuenta con un diplomado en Transparencia y Anti-corrupción por la Universidad Anáhuac, así como dos diplomados por la Comisión Na-cional de los Derechos Humanos en Segu-ridad Ciudadana Y Derechos Humanos y en Uso de la fuerza desde la perspectiva de los Derechos Humanos.Durante el año 2022 trabajó en el juzgado 12 y 40 de lo Familiar en la Ciudad de México. Posteriormente, en 2024, concluyó el trabajo de servicio social en la Secre-taría de Gobernación, específicamente en la Subdirec-ción de Arbitraje de la Dirección General de Asuntos Religiosos. Ha participado en dos ocasiones en el concurso Ser-gio García Ramírez, en materia de Derechos Humanos, auspiciado por la Universidad Nacional Autónoma de México. Asimismo, ha sido ponente en la mesa “Perspectivas de la Democracia en la actualidad” en el marco de las “Jornadas de Filosofía Política. Narrativas de la Demo-cracia”, organizada por la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad La Salle. Reflejando su compromiso con su alma mater, Carlos ha sido miembro del Consejo Universitario Estudiantil de la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle en las gestiones 2021-2022 y 2023-2024. Actualmente es titu-lar de la Coordinación de Logística del Proceso Electoral 2024-2025 en la Comisión Electoral de la Universidad La Salle México.Redes sociales ¡Entérate de todo lo que sucede en La Salle! Micrositio Fac. de Derecho https://derecho.lasalle.mx/Facebook La Salle MX/Facultad de DerechoInstagram @derecho-lasallemxL'ª'ºSaneLa�Salle.Red de UniversidadesUNIVERSITIESMéxico