Abstract
El autor expone sus reflexiones en torno a la reforma en materia de justicia penal que se incorporó en el país en junio de 2008, a su costo y al estado que guarda su implementación. Hace referencia a las deficiencias y limitantes del Sistema de Justicia Penal y como ello ha generado una crisis de eficiencia y credibilidad en las instituciones. Finalmente menciona que para la reforma constitucional de 2008 se dice que se requiere de cuantiosos recursos financieros, pero indica que se requieren sistemas de planeación, presupuestos etiquetados para normatividad, gestión y reorganización institucional, entre otros.